Todo lo que debes saber sobre la Ley de la Segunda Oportunidad
Ley de Segunda Oportunidad

La insolvencia probable en la Ley de la Segunda Oportunidad

Uno de los tipos de insolvencia que recoge la Ley Concursal es la denominada insolvencia probable. A continuación vamos a explicar en qué consiste este concepto y cuál es su incidencia en el procedimiento de la Ley de la Segunda Oportunidad.

La insolvencia probable en la Ley Concursal

Antes de explicar qué es la insolvencia probable y cuál es su relación con la Ley de la Segunda Oportunidad, es necesario aclarar que al hablar de la Segunda Oportunidad, en realidad nos estamos refiriendo a un mecanismo contemplado en la Ley Concursal, pero que debe ese nombre común a la Ley que lo introdujo en la normativa mercantil, que fue la Ley 25/2015, de 28 de julio, de mecanismo de segunda oportunidad, reducción de la carga financiera y otras medidas de orden social.

En la Ley Concursal, la Segunda Oportunidad se denomina exoneración del pasivo insatisfecho (EPI), y se trata de un sistema por el cual, las personas físicas pueden solicitar que se les exonere del pago de sus deudas, siempre que sean insolventes y cumplan otros requisitos. Por lo tanto, se trata de un concurso de acreedores específico para las personas naturales.

Sin embargo, hay casos en los que se puede evitar esta situación, acudiendo al procedimiento del preconcurso. Y ahí es donde entra en juego la insolvencia probable.

El preconcurso consiste en que el deudor que desarrolle actividades empresariales o profesionales podrá comunicar la apertura de negociaciones con los acreedores, su intención de comenzarlas de manera inmediata o solicitar directamente que se homologue un plan de reestructuración de la deuda. De este modo, se busca una forma de atender al pago de las deudas y evitar el concurso de acreedores (la EPI, en el caso de las personas físicas).

Y precisamente, uno de los estados que permite iniciar los trámites del preconcurso es que el deudor se encuentre en situación de insolvencia probable, lo que, conforme al artículo 584.2 de la Ley Concursal, sucederá cuando sea objetivamente previsible que, en caso de no alcanzarse un plan de reestructuración, el deudor no podrá cumplir de forma regular sus obligaciones que venzan en los próximos 2 años.

La insolvencia probable puede afectar tanto a personas físicas como jurídicas. En el caso de las personas físicas, que es el que nos ocupa en este artículo (por estar relacionado con la Ley de la Segunda Oportunidad), tendrán que ser necesariamente autónomos, incluyendo a profesionales como abogados, procuradores, arquitectos, médicos, etc.

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¿Qué relación existe entre la insolvencia probable y la Ley de la Segunda Oportunidad?

La relación entre ambos conceptos es que la insolvencia probable es un estadío que permite al autónomo seguir los trámites del preconcurso para evitar el concurso de acreedores (es decir, solicitar la exoneración del pasivo insatisfecho en el caso del autónomo). También dan esta posibilidad la insolvencia actual y la inminente, que son los otros estados de insolvencia recogidos por la Ley Concursal.

Una vez que han transcurrido 3 meses desde la comunicación de las negociaciones al juzgado, en caso de que no se haya logrado un plan de reestructuración de la deuda, el deudor tiene un plazo de un mes para solicitar la declaración de concurso. La única excepción a ello sería que el deudor no se encontrara en estado de insolvencia actual.