Todo lo que debes saber sobre la Ley de la Segunda Oportunidad
Ley de Segunda Oportunidad

¿Qué es un embargo judicial y cuándo se aplica?

Un embargo judicial es aquel que es ordenado por la autoridad judicial, y que se deriva siempre de un procedimiento judicial. Puede causarlo una deuda que se ha contraído extrajudicialmente pero que se ha reclamado ante un juzgado, o bien a raíz de algún tipo de proceso judicial.

Algunos ejemplos de los casos en los que se puede producir un embargo judicial, entre otros posibles, son los siguientes:

¿Quién puede solicitar el embargo judicial?

El embargo lo puede solicitar el acreedor de la deuda. Por lo tanto, si se trata de un particular, este podrá instar que se despache ejecución. Hay otros casos en los que el embargo se produce de oficio. Todo dependerá del origen de la deuda.

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¿En qué se diferencia el embargo judicial del embargo administrativo?

En España, solo se pueden producir dos tipos de embargos: el judicial y el administrativo. Las diferencias entre ambos son las siguientes:

¿Qué bienes se pueden embargar judicialmente?

Lo primero que hay que tener en cuenta es que el letrado de la Administración de Justicia puede tener en cuenta la voluntad del propio embargado sobre los bienes a embargar. Así se desprende de los siguientes artículos:

1. Salvo que el ejecutante señale bienes cuyo embargo estime suficiente para el fin de la ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia requerirá, mediante diligencia de ordenación, de oficio al ejecutado para que manifieste relacionadamente bienes y derechos suficientes para cubrir la cuantía de la ejecución, con expresión, en su caso, de cargas y gravámenes, así como, en el caso de inmuebles, si están ocupados, por qué personas y con qué título.

(…)

Artículo 589.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

1. Si acreedor y deudor no hubieren pactado otra cosa, dentro o fuera de la ejecución, el Letrado de la Administración de Justicia responsable de la ejecución embargará los bienes del ejecutado procurando tener en cuenta la mayor facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el ejecutado.

(…)

Artículo 592.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

No obstante, el mismo artículo 592 añade a continuación:

2. Si por las circunstancias de la ejecución resultase imposible o muy difícil la aplicación de los criterios establecidos en el apartado anterior, los bienes se embargarán por el siguiente orden:

1.º Dinero o cuentas corrientes de cualquier clase.

2.º Créditos y derechos realizables en el acto o a corto plazo, y títulos, valores u otros instrumentos financieros admitidos a negociación en un mercado secundario oficial de valores.

3.º Joyas y objetos de arte.

4.º Rentas en dinero, cualquiera que sea su origen y la razón de su devengo.

5.º Intereses, rentas y frutos de toda especie.

6.º Bienes muebles o semovientes, acciones, títulos o valores no admitidos a cotización oficial y participaciones sociales.

7.º Bienes inmuebles.

8.º Sueldos, salarios, pensiones e ingresos procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas.

9.º Créditos, derechos y valores realizables a medio y largo plazo.

3. También podrá decretarse el embargo de empresas cuando, atendidas todas las circunstancias, resulte preferible al embargo de sus distintos elementos patrimoniales.

Artículo 592.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Por lo tanto, estos son los bienes que se pueden embargar judicialmente y su orden, pero ello se aplicará siempre y cuando el ejecutado no haya señalado los bienes (en cuantía suficiente) sobre los que prefiera que se realice el embargo, o no haya acordado algo distinto con el acreedor.

¿Qué límites se aplican al embargo judicial de bienes?

El principal límite a tener en cuenta en los embargos es que hay bienes que por ley son inembargables. Se encuentran relacionados entre los artículos 605 y 606 de la LEC.

Por lo tanto, los bienes absolutamente inembargables son:

  • Los animales de compañía, aunque sí son susceptibles de embargo las rentas que estos puedan generar.
  • Los bienes declarados inalienables.
  • Los derechos accesorios que no se puedan enajenar independientemente del principal.
  • Los bienes que, por sí solos, carezcan de contenido patrimonial.
  • Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.

Y son inembargables también:

  • El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, en lo que no pueda se pueda considerar superfluo. De forma general, aquellos bienes como alimentos, combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el ejecutado y las personas que dependan de él puedan atender con razonable dignidad a su subsistencia.
  • Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el ejecutado, siempre que su valor no guarde proporción con la cuantía de la deuda reclamada.
  • Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas.
  • Las cantidades expresamente declaradas inembargables por ley.
  • Los bienes y cantidades declarados inembargables por tratados ratificados por España.

Por otro lado, también es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, en la cuantía que no exceda de la señalada para el salario mínimo interprofesional (SMI). Ahora bien, también indica la LEC que los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al SMI se embargarán como sigue:

  • La primera cuantía adicional hasta el doble del SMI se embarga en un 30%.
  • La cuantía adicional hasta el triple del SMI se embarga en un 50%.
  • La cuantía adicional hasta un cuarto SMI se embarga en un 60%.
  • La cuantía adicional hasta un quinto SMI se embarga en un 75%.
  • Cualquier cuantía que exceda de la anterior se embarga en un 90%.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que según el artículo 608, estos límites al embargo de salarios, pensiones, etc. no se aplican cuando el embargo surge por una deuda de alimentos. En estos casos, se estará a lo que disponga el tribunal.

Otro límite a tener en cuenta es el siguiente:

No se embargarán bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior a esos conceptos y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución.

Artículo 584 de la Ley de Enjuiciamiento Civil

Por lo tanto, en la medida de lo posible, no se embargan judicialmente bienes que tengan un valor mayor que la deuda. 

¿Cómo se realiza el embargo judicial?

El embargo judicial es ordenado por el letrado de la Administración de Justicia, que es un funcionario del juzgado. Como ya se ha visto, el letrado requiere al ejecutado para que presente una relación de bienes y derechos en cuantía suficiente para cubrir el embargo.

Este trámite es obligatorio, ya que si el ejecutado no presenta el listado, se le podrá sancionar. También podrá recibir una sanción si incluye bienes que no sean suyos, excluye bienes propios que se puedan embargar o no desvela las cargas y gravámenes que pesen sobre los bienes indicados.

Por otro lado, sabemos ya también que el ejecutante también puede designar bienes del deudor cuya existencia le conste y que sean suficiente para cubrir la ejecución. Pero, si no puede hacerlo, el letrado de la Administración de Justicia puede investigar el patrimonio del ejecutado, dirigiéndose a las entidades financieras, organismos y registros públicos y personas (físicas y jurídicas) indicadas por el ejecutante.

Con respecto a cómo se materializa el embargo, se siguen las reglas de los artículos 634 y siguientes de la LEC. Así, por ejemplo, el letrado de la Administración de Justicia entrega directamente al ejecutante, por su valor nominal, el saldo que el ejecutado tiene en sus cuentas corrientes.

Cuando no son bienes relacionados en los artículos 634 y 635, el embargo se realiza como convengan las partes e interesados y apruebe el letrado de la Administración de Justicia. Si no hay acuerdo al respecto, la enajenación se hará, necesariamente: por enajenación a través de persona o entidad especializada; o bien por subasta judicial.

Algunos aspectos más a tener en cuenta respecto al procedimiento son los siguientes:

  • Si el embargo se realiza sobre bienes inmuebles u otros bienes que puedan estar inscritos, el letrado de la Administración de Justicia puede solicitar la anotación preventiva de embargo, a instancia del ejecutante.
  • Hay determinados casos en los que se puede nombrar un administrador judicial. Por ejemplo, cuando se embargan empresas. El administrador judicial puede sustituir en sus facultades, responsabilidades, derechos y obligaciones a un administrador o administradores preexistentes.
  • Existen algunos bienes que se tienen que valorar, concretamente los que no están entre los señalados en los artículos 634 y 635 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. En estos casos hay que hacer un avalúo de los bienes, si bien el ejecutante y el ejecutado pueden ponerse de acuerdo en su valor.

¿Cómo se puede evitar el embargo judicial?

Para parar el embargo, en principio hay que consignar la cantidad que se deba. Pero aquellos deudores que realmente no pueden pagar, porque se encuentren en una situación de insolvencia (actual o inminente), pueden solicitar la exoneración de sus deudas a través del mecanismo de la Ley de la Segunda Oportunidad, si reúnen los requisitos para ello (algo que es fácil que ocurra, porque se trata de unos requisitos muy sencillos).

Con la Ley de la Segunda Oportunidad se evitan los embargos, tanto los que estén en marcha en el momento de la solicitud como otros que se hubieran podido producir con posterioridad. Por lo tanto, esta es la solución para las personas que, por problemas económicos muy graves, no pueden pagar sus deudas.

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